Salta, 3 de enero de 2019

Desde la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy queremos expresar nuestra preocupación por la Defensoría del Público. Este órgano nace desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 y tiene como principal función la defensa de los derechos de las audiencias, además de tener un despliegue nacional en capacitaciones e investigaciones que han contribuido al nacimiento, fortalecimiento y sostenimiento de medios comunitarios, escolares, universitarios, estatales, campesinos e indígenas (como es el caso de Salta y Jujuy). Es de público conocimiento que desde hace dos años la Defensoría del Público quedó acéfala, no por voluntad propia, sino por una decisión política que lleva a  inclumplir la ley N°26.522. La Defensoría depende de la Comisión Bicameral de las Comunicaciones del Congreso Nacional que por decisión de dicha Comisión aún no designan a un nuevo interventor. La Defensoría cumple, la Comisión Bicameral de las Comunicaciones no.

Aún sí, lxs trabajadorxs han sabido sostener -con recortes de por medio- el trabajo planificado, articulado y proyectado en este tiempo. Sin embargo, las decisiones de la Comisión Bicameral, que lejos de definir un nuevo interventor/a, no hacen más que asfixiar el funcionamiento del órgano. En septiembre de 2018 designaron a un funcionario que carece de conocimiento y trayectoria en materia de medios. Y en diciembre mismo relevaron a Ernesto Lamas, responsable de la Dirección de Capacitación y Promoción, área que habilitaba el mayor despliegue territorial directo con las audiencias, haciendo de este órgano uno de los pocos que tienen un carácter federal en su trabajo.

Desde la Mesa de Comunicación queremos resaltar este carácter federal dado que en Salta y Jujuy se ha logrado trabajar -de manera articulada- con experiencias comunicacionales que decidieron la creación y la continuidad de medios audiovisuales, en su mayoría radios con identidad campesina e indígena, haciendo cuerpo el ejercicio del derecho a la comunicación. Nutridas capacitaciones han sabido recorrer por diversos departamentos salteños y jujeños, así como también la participación contínua en los Encuentros anuales de Comunicación y Ruralidad, y que en el 2.018 no contó con la presencia de la Defensoría ya que su participación fue anulada desde el funcionario designado.

Elevamos nuestra preocupación por la Defensoría del Público, por su trabajo territorial, por el acompañamiento a medios alternativos, populares, comunitarios, campesinos e indígenas, por lxs trabajadorxs de la Defensoría, por su trabajo en el fortalecimiento en redes y por sobre todo, por la vulneración y la nulidad del derecho a la comunicación. Síntoma que ha sabido nacer desde diciembre de 2.015 por la intervención a la Ley N°26.522, la persecución a medios y comunicadores populares en beneficio de los grandes monopolios de comunicación que trabajan codo a codo con el actual gobierno que ajusta y reprime.

Exigimos que se aclare la situación de la Defensoría del Público, recordando que la comunicación es un derecho que debe ser ejercido por todxs y que sin medios comunitarios no hay democracia.