DECLARACIÓN DE UNIVERSITARIOS, ESPECIALISTAS Y REDES COMUNITARIAS
29 de abril de 2024
Atento al debate en el Congreso sobre la delegación de facultades al Poder
Ejecutivo Nacional para disponer la disolución o ajuste de Fondos Fiduciarios –
entre ellos el Fondo Fiduciario de Servicio Universal- y la modificación o
transformación de empresas públicas como ArSat, queremos destacar la
trascendencia de estas herramientas de política pública para la conectividad de
las y los argentinos.
Sin dudas, todas las acciones de gobierno pueden y deben ser mejoradas
atendiendo a criterios de satisfacer el bien común, habilitar derechos a quienes
sufren mayor desigualdad por situaciones geográficas, económicas o
socioculturales, y lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los
marcos regulatorios y las acciones de fomento son vitales en cualquier
planificación sectorial nacional, especialmente cuando trascienden los períodos
de gestión presidencial, y atienden cuestiones esenciales para la vida en
comunidad.
Fruto de las transformaciones en el mundo de las comunicaciones a comienzos
del siglo XXI, en todos los países con gobiernos democráticos se generaron
soluciones públicas para lograr mayor conectividad. La creación de un Fondo de
Servicio Universal (vigente por la Ley 27.078 Argentina Digital) y de una empresa
pública de desarrollo satelital ArSat (Ley 26.092), han sido decisiones que
apuntalaron a fuertes inversiones público-privadas y robustecieron a través de la
puesta en marcha de programas y líneas de acción, el acceso y la asequibilidad a
servicios de telecomunicaciones e Internet para millones de hogares, empresas,
cooperativas, trabajadores, estudiantes y organizaciones.
Como áreas de estudio y especialización en cuestiones vinculadas al ecosistema
TIC, creemos en la evaluación continua de las políticas públicas, y en la
progresividad de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales que
están consagrados por la Ley 23.313 (aprobación del Tratado Internacional
PIDESC).
El ajuste de las cuentas públicas y la eficientización del gasto no pueden ser
excusa para desfinanciar programas vitales, o la reducción de ínfimas
obligaciones tributarias. Tampoco para determinar el fin de los medios públicos
nacionales vía privatización de la Televisión Pública y Radio Nacional, y el cierre
de la Agencia Télam.
Alertamos sobre los alcances de los artículos 3°, 4° y 5° del dictamen de mayoría
del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los
Argentinos, que habilitará la derogación de numerosas disposiciones
establecidas por ley, y la restructuración de empresas y organismos sensibles
para el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
No dejemos que peligre la posibilidad de seguir dotando de conectividad a las
áreas periurbanas y del interior profundo del país.
FIRMANTES:
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